Una declaración generalizada entre los integrantes del nuevo Gobierno ha sido la necesidad de dar prioridad a la reducción de la desigualdad. Tal como exponíamos en una tribuna anterior publicada en este suplemento, cualquier acción global destinada a rebajar el problema pasa, como condición necesaria, por el refuerzo de las políticas redistributivas. Además de acciones más a largo plazo tanto en los mercados donde se forman las rentas primarias como las destinadas a impulsar un ascensor social que sube cada vez más lentamente, la magnitud del problema exige la introducción de importantes reformas en el sistema de prestaciones e impuestos.
A partir del necesario redimensionamiento de la mayoría de las prestaciones, como ha señalado la Comisión Europea o el Fondo Monetario Internacional, lo más urgente es avanzar en tres direcciones: la definición de un modelo redistributivo ajustado a las necesidades sociales y las condiciones económicas de nuestro país, la identificación de prioridades en el diseño de ese nuevo modelo y el desarrollo de estrategias que concilien los objetivos de redistribución con la capacidad real de financiación de esas políticas.
Probablemente, la más compleja de esas tareas es la primera. La capacidad redistributiva del sistema se concentra, básicamente, en las pensiones de jubilación, en el lado de los gastos, y en el impuesto sobre la renta, en el de los ingresos. Esta doble característica, propia de los Estados de bienestar mediterráneos, contrasta con la realidad de otros países europeos, con políticas familiares e inversiones en educación y sanidad pública generalmente mayores. La sostenibilidad de nuestro sistema resulta, además, compleja tanto por la inercia demográfica como por la deriva de la imposición personal sobre la renta en los países de la OCDE.
A estas restricciones se unen los problemas de articulación de ese sistema, que limitan su eficacia en la reducción de la desigualdad. Resulta necesaria la definición de un nuevo modelo redistributivo, con la puesta en marcha de objetivos transversales en los distintos programas de ingresos y gastos y la revisión de las diferentes figuras para mejorar su capacidad redistributiva.