No fueron 9.000 test rápidos defectuosos los comprados en China a través de un intermediario español, sino hasta 50.000. Así lo ha reconocido el Ministerio de Sanidad, según han adelantado TVE y la cadena Ser. De estos 50.000, la Comunidad de Madrid recibió 9.450 y comprobó que sus resultados eran «sospechosos», ha indicado esta mañana en Onda Madrid el consejero de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. Los aproximadamente 40.000 restantes no se llegaron a distribuir. El Ministerio mantiene el contrato con la empresa china Bioeasy, que sustituirá los test retirados.
Las pruebas realizadas por el Instituto de Salud Carlos III demostraron que este tipo de test podía arrojar resultados falsos, ante lo que el departamento que dirige Salvador Illa procedió a devolverlos tras haber destinado los primeros a la Comunidad de Madrid, epicentro de la pandemia en España.
El problema de estos test rápidos es su falta de precisión: tienen una sensibilidad del 30%, mientras que la prueba tradicional, la técnica conocida como PCR (reacción en cadena de polimerasa), más lenta, pero que ha sido hasta ahora la referencia, supera el 80%.
Desde Sanidad se defiende que esta compra fallida supone un porcentaje muy pequeño si se compara con los 5,5 millones de test adquiridos dentro de la macrocompra de 432 millones de euros que el Gobierno español ha realizado en China.
Fue la Embajada china la que en una serie de mensajes publicados en Twitter aseguró que la empresa Shenzhen Bioeasy Biotechnology «no ha conseguido todavía la licencia oficial de la Administración Nacional de Productos Médicos de China para vender sus productos».
En un comunicado, el Gobierno español relató que «adquirió una partida a un proveedor nacional, que los importaba de China y cuyo producto cuenta con el marcado CE. España se guía por la normativa de la UE y, por tanto, si un producto cuenta con la homologación europea,