Los datos oficiales sobre la envergadura de la pandemia del Covid-19 están cada vez más en cuestión. Los registros civiles ya han alertado de que el número de muertos es mucho mayor (incluso el doble) que lo contabilizado por Sanidad y las autonomías. Que los contagios son muchos más que los admitidos por el Gobierno central y las comunidades es ya algo que también admiten sin rubor las diferentes administraciones, conscientes de que son miles los ciudadanos que no entran en las estadísticas porque pasan la enfermedad en su casa. Pero dentro del arcano que suponen esas cifras generales de la pandemia hay, a su vez, un agujero negro todavía más profundo: las cifras que la epidemia ha dejado en decenas de las 5.417 residencias de mayores que hay en España.
Tratar de hacer una fotografía fidedigna de hasta dónde ha golpeado el Covid-19 a los 372.985 usuarios en estos establecimientos, además de una tarea titánica, es una labor imposible porque cada comunidad autónoma ha contabilizado a su manera. Entre este lunes y miércoles, todas las autonomías han enviado a Sanidad los datos de la mortalidad y los contagios contabilizados entre el 8 de marzo y el 8 de abril en sus residencias. El Gobierno los reclamó vía orden del BOE al sospechar que buena parte de los fallecidos de esos centros no han entrado en las estadísticas.
Y así ha sido. Según las primeras estimaciones de los técnicos de Sanidad –y a falta de que lleguen todavía los datos de algunas comunidades– más de la mitad de los 8.345 casos notificados por las 17 autonomías de decesos en geriátricos con coronavirus o síntomas compatibles con el virus no figurarían en los registros de Sanidad. ¿La razón? Hasta ahora, salvo casos excepcionales, la inmensa mayoría de las comunidades solo ha contabilizado como fallecidos de coronavirus a los residentes a los que se les había realizado previamente una prueba,