Coacciones, amenazas, insultos… Este es el trato que reciben las mujeres a las puertas de los centros que garantizan la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en España. Y así lo ha denunciado la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), junto a representantes de entidades sociales, asociaciones feministas, partidos políticos y sindicatos, a la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, este jueves en una reunión a puerta cerrada.

“En los últimos tiempos estamos asistiendo a un recrudecimiento de las acciones de movimientos antielección y antiderechos con acciones de acoso en los ámbitos jurídicos, administrativo y público”, ha afirmado una portavoz de ACAI. Este hostigamiento afecta, sin ser exclusivo, a las organizaciones de derechos sexuales y reproductivos, a entidades que luchan por el derecho a una muerte digna, a asociaciones que defienden los derechos de las personas LGTBI. Aunque las demandas realizadas ante la ministra se han centrado en “buscar medidas de protección hacia la mujeres que van a ejercer su derecho a interrumpir su embarazo”, ha especificado Gema González Díaz, directora ejecutiva de la Federacón de Planificación Familiar Española (FPFE). 

José Antonio Bosch, asesor jurídico de ACAI, ha explicado que, desde hace varios años, “sufren acoso por parte de grupos de 19 personas que acuden a las puertas de las clínicas con pancartas que simulan un cementerio, pidiendo a las mujeres que no lo hagan o, incluso, insultándolas y coaccionándolas. Situaciones que, además, se acentúan en los tiempos de cuaresma”. Bosch hace referencia a la campaña anual 40 días por la vida, que los grupos ultraconservadoras y antiabortistas realizan por estas fechas.

Pintadas en una de las clínicas donde se practican abortos.Pintadas en una de las clínicas donde se practican abortos. ACAI

Por estos motivos, han pedido al Ministerio la creación de una distancia de seguridad mínima ante las puertas de las clínicas, similar a la de no fumar en las puertas de los colegios. “El 90% de las mujeres que abortan son derivadas por la sanidad pública, por lo que son sus usuarias y no están recibiendo la asistencia sanitaria que se merecen y que deberían recibir”,

 » Más información en elpais.es