El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha salido este miércoles en auxilio de las decenas de miles de afectados por la estafa de Idental en toda España. El magistrado ha suspendido de manera cautelar las reclamaciones judiciales y extrajudiciales emprendidas por una decena de entidades financieras para cobrar los créditos suscritos por los clientes de las clínicas para sus tratamientos odontológicos, que quedaron total o parcialmente sin realizar. El juez ordena a los acreedores que cesen en sus reclamaciones y que retiren de los registros de morosos a aquellos perjudicados que dejaron de pagar sus créditos.
La decisión del magistrado busca “evitar mayores perjuicios a los denunciantes” que estaban obligados a abonar las cuotas de los créditos concedidos por las financieras “a sabiendas de que el tratamiento odontológico no les será administrado”. El magistrado entiende que la continuación del pago o la ejecución de los créditos complicaría todavía más la situación de los afectados –casi todos personas de escasos recursos-. Los perjudicados, explica el juez, “se ven incluso imposibilitados de acudir a un nuevo tratamiento que trate de resolver su caso, o completar el tratamiento que, en muchos casos, ni siquiera ha sido, aparentemente, iniciado por iDental”.
El juez argumenta en su auto que el incumplimiento, por parte de iDental, que cerró sus clínicas en junio de 2018, de sus obligaciones con los pacientes implica la resolución del contrato de préstamo que iba vinculado a aquellas. El magistrado explica que la medida busca garantizar eficazmente los derechos del consumidor y evitar que durante la tramitación de la causa judicial por estafa, que se prevé prolongada, los afectados sigan expuestos a una situación injusta.
En su resolución, el juez ofrece a las entidades financieras distintas soluciones. En los casos en los que el tratamiento no ha llegado a iniciarse el magistrado plantea cancelar los contratos o la devolución de los créditos, después de que un dentista realice una evaluación de la parte del tratamiento no prestada. Otra alternativa es que las entidades financieras proporcionen a los afectados continuar los tratamientos en otras clínicas dentales que consideren oportunas.