La Organización Médica Colegial (OMC) rechaza un registro público de profesionales sanitarios objetores de conciencia como contempla la futura ley de eutanasia, una norma que la profesión pide que sea «garantista» tanto para las personas que demanden esta prestación como para los médicos.
Así lo ha manifestado este martes el presidente de la OMC, Serafín Romero, quien ha precisado que la objeción de conciencia «es la garantía para los médicos» y ha defendido que este derecho se ejerza a través de los colegios profesionales.
A su juicio, habría que analizar qué significa el registro que contempla la proposición de ley del grupo socialista, que se encuentra en tramitación parlamentaria, «por las connotaciones que pudieran derivarse en caso de una utilización no adecuada» del mismo.
Ello, ha precisado, podría influir, incluso, en el desarrollo profesional «o valoraciones por parte de gerentes o de ciudadanos» que muestren «cierta actitud peyorativa porque alguien se declare objetor de conciencia».
Según Romero, los colegios de médicos pueden velar para que «la objeción de conciencia no sea de ida y vuelta o de mañana y tarde, aunque quede claro que a lo largo del tiempo un profesional pueda cambiar de opinión«.
Dejarlo delimitado
El presidente de la OMC ha pedido también que la ley establezca claramente qué médico debe participar en el proceso, si el de familia, el oncólogo, el internista o el neurólogo.
«Esto es muy importante dejarlo delimitado porque el médico que empiece el trámite debe ser alguien que conozca el sentir del paciente en toda su integridad, un médico cercano», ha insistido.
Además, ha considerado que la Comisión de Control y Evaluación que establece la ley debe estar integrada «por médicos que tengan unas competencias específicas», lo que supone una garantía para que «la persona que decida no seguir viviendo no lo haga porque no tenga recursos familiares, sociales o asistenciales».