La reducción de daños es un concepto que parte de la idea de que las drogas no van a desaparecer. Hay personas que ya sea porque no pueden o no quieren van a seguir consumiendo, así que esta tendencia apuesta por mitigar al máximo el impacto que producen en la salud y en la sociedad. El ejemplo más conocido es la metadona, un fármaco que causa adicción y perjudica a quien lo toma, pero que es mucho menos dañino que la heroína a la que sustituye.
Oporto celebra desde el pasado domingo la 19ª conferencia de Harm Reduction Internacional (HRI), donde expertos de 90 países evalúan estas políticas, que van más allá de la sustitución de opioides: espacios seguros para inyectarse, centros de análisis de narcóticos para que quienes las toman sepan exactamente qué consumen, atención a trabajadores sexuales. Son medidas polémicas en muchos lugares, pero respaldadas por una amplia evidencia: allá donde se usan mejora la salud de los toxicómanos, se controlan brotes de enfermedades infecciosas como tuberculosis, sida o hepatitis, y la seguridad aumenta. No es casualidad que Portugal sea sede de este encuentro: hace 20 años el país comenzó a trabajar en la descriminalización de los usuarios de drogas, una estrategia que ha situado al país como pionero y referencia internacional en la materia.
Naomi Burke-Shyne, directora ejecutiva de HRI, hizo en las jornadas previas a la inauguración del congreso un efusivo llamamiento a que los países donaran fondos al Fondo Global contra la Tuberculosis, el Sida y la Malaria, un organismo multilateral que recauda dinero de gobiernos y ONG para luchar contra estas enfermedades. La reducción de daños es una de sus herramientas para frenar unas dolencias que suelen impactar especialmente a los consumidores de estupefacientes. Francia será sede en octubre de una asamblea donde los donantes se comprometerán a aportar dinero para los próximos tres años. España lleva desde 2011 sin aportar un solo euro y la situación política ha propiciado que no esté claro si va a volver a hacerlo.