El acuerdo de Gobierno alcanzado por el PSOE y Podemos nace con una asignatura pendiente: aprobar esta legislatura una ley de eutanasia que encalló en la pasada pese a disponer de una mayoría de diputados en el Congreso favorable a convertir esta práctica médica en un derecho.
Los 14 puntos que recoge el acuerdo en materia sanitaria buscan dejar sin efecto varias de las medidas más controvertidas aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) en el Real Decreto-ley 16/2012 de reforma del Sistema Nacional de Salud (SNS). Una de las propuestas más importantes es «la eliminación progresiva de los copagos introducidos en 2012 a lo largo de la legislatura»
El más destacado es el que aumentó, según la renta, la aportación de los trabajadores activos del 40% a una horquilla del 40% al 60%, mientras los pensionistas pasaban a asumir el 10% del coste (hasta entonces estaban exentos). Pero la reforma del SNS incluyó otros procesos, como las prótesis, frente a los que el nuevo gobierno promete «establecer garantías para que no puedan introducirse» nuevos copagos «que no atiendan a la situación socioeconómica de las personas».
El pacto PSOE-Podemos también completa la universalización de la sanidad pública, de la que el PP excluyó a algunos colectivos. Parte de estas medidas ya fueron revertidas por el primer gobierno de Pedro Sánchez, pero aún quedaban algunos grupos de población. Uno de ellos es el de los progenitores «que llegan desde países extracomunitarios, reagrupados por sus hijas e hijos con nacionalidad española».
La medida de mayor calado presupuestario es la que prevé ampliar «los recursos destinados al Sistema Nacional de Salud, alcanzando una inversión en servicios públicos propia de otros Estados de la zona euro durante la legislatura, hasta lograr el 7% del PIB en 2023.
Asimismo, el acuerdo prevé introducir «progresivamente la Atención a la Salud Bucodental de la población en cartera de servicios del SNS», una medida que ya se aplica con buenos resultados en comunidades como el País Vasco.