Esta semana se celebra el juicio por la muerte de Samba Martine, una mujer congoleña que agonizó en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid, sin recibir la asistencia que requería. En los 38 días que estuvo encerrada acudió al servicio médico al menos en 11 ocasiones, sin que se le realizaran pruebas diagnósticas para averiguar la razón de su mal estado. Solo cuando su gravedad era extrema fue derivada a un hospital, donde murió a las pocas horas, el 19 de diciembre de 2011, por una infección que la había ido invadiendo poco a poco y a la que facilitó el camino la inmunodeficiencia por VIH que padecía.

Constituye doctrina consolidada del Tribunal Constitucional, en consonancia con lo declarado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, cuando hay sospecha de lesiones de la integridad física o moral de personas privadas de libertad bajo la custodia del Estado, existe un especial deber de diligencia en la investigación y persecución de los hechos, que comprende la obligación de iniciar una investigación al mínimo indicio y de agotar todas las posibilidades de indagación. Lamentablemente en el caso de Samba este especial deber no se ha cumplido y la instrucción, que ha durado más de siete años, ha concluido sin que el ministerio fiscal solicitara diligencia alguna para averiguar las circunstancias que rodearon su muerte, mostrándose desde un principio favorable al sobreseimiento.

La necesidad de una investigación diligente trae causa en las dificultades para esclarecer las lesiones de derechos en contextos de privación de libertad, siendo los CIE especialmente opacos e inaccesibles. Están dirigidos por la policía, lo que implica que en su gestión primen cuestiones de seguridad sobre cualquier otra consideración a las necesidades de las personas migrantes que son encerradas a la espera de su expulsión. Su funcionamiento y estructura son carcelarios, a pesar de que la ley establece que los CIE no tendrán un carácter penitenciario. Al estar sometidas a la custodia policial, muchas víctimas no denuncian por miedo y los testigos son rápidamente expulsados, perdiéndoseles la pista.

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