Desde el pasado 14 de marzo, la soledad de algunas calles registran un nuevo paisaje: el de los dueños que sacan a sus perros en su necesario respiro diario. Es una de las razones por las que los ciudadanos tienen permitido salir a la calle pese al estado de alarma por el coronavirus. El animal como salvoconducto limitado pero nunca como carta blanca puesto que existen restricciones cuyo incumplimiento puede salir muy caro. Ante este panorama, la Fiscalía alerta en un escrito que la adopción de algunas mascotas durante la pandemia responde a una excusa para poder salir a pasear a la calle.
El responsable de la unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado envió el pasado 26 de marzo un oficio a todos los fiscales provinciales de medio ambiente en el que apunta a que se pueden estar realizando adopciones o acogidas durante el estado de alarma que podrían responder a intereses poco claros. «El problema reside en que se desconoce si esas adopciones o acogimientos obedecen a intereses realmente honestos por parte de los adoptantes», señala el escrito.
En la nota, Vercher recuerda que «se está observando que se está produciendo o se ha producido, hasta recientemente, un importante número de adopciones o acogimientos». De hecho, el fiscal cita,algunos centros que reconocen que han entregado en acogida a la totalidad de animales, especialmente perros, desde que se anunicó el estado e alarma. E incuso se están realizando adopciones por vía telemática, aunque con las dificultades lógicas de acceso del adoptante al centro de acogimiento animal.
El titular de Medio Ambiente avisa de que el abandono de los animales tras el estado de alarma supondría un delito recogido en el artículo 337 del Código Penal, por eso insta a que se «proceda penalmente» contra los dueños de las mascotas ante cualquier abandono, para lo que pide la colaboración de «entidades publicas o privadas con competencias en la materia» que puedan esterarse de esta clase de hechos.