El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha presentado al Congreso una de sus leyes estrella, la de amnistía para los ciudadanos que están en la cárcel por delitos menores. Pero la ley, anunciada ya en campaña electoral, nace con un pecado original: la inmensa mayoría de estos delitos no pertenecen al ámbito federal, el único sobre el que el Gobierno de la República tiene competencias, por tanto, la población beneficiada será muy escasa y la norma prácticamente papel mojado a menos que los Estados quieran secundar la iniciativa.
La promesa de campaña de López Obrador tiene el camino allanado en el Congreso, donde cuenta con mayoría en las dos cámaras. Una vez aprobado el proyecto, la Fiscalía General de la República será quien se haga cargo de revisar los expedientes y ordenar la liberación. La Procuraduría federal deberá afrontar los gastos que el proceso implique con su propio presupuesto, porque la ley no traerá “recursos adicionales”. Es un inconveniente a sumar a los que ya se encuentran en el redactado de esta ley y a los escasos beneficiarios que, en principio, se beneficiarán de ella. La gran promesa de campaña puede quedarse en un gesto político.
Uno de los casos más significativos es el aborto, el primer delito que menciona la Ley de Amnistía. La mayoría de las mujeres encarceladas por abortar fueron juzgadas por homicidio, un delito para el que no se contempla el perdón en esta amnistía. López Obrador cuenta con mayoría en el Congreso y su partido en 17 de los 32 Estados, aunque esto último puede no ser suficiente debido al conservadurismo respecto al aborto que aún perdura incluso en los partidos del ala izquierda. La disputa se pronostica ardua. En algunos de los Estados más conservadores se han promovido recientemente leyes más restrictivas respecto al aborto y varios legisladores del partido del presidente, Morena, se han manifestado en contra de la interrupción del embarazo. “En el aborto puede haber problemas”, admite el diputado Sergio Gutiérrez, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso.