No más escuela, amigos ni la experimentación típica de la juventud; cuando una adolescente se casa, los sustituye por la responsabilidad con el hogar, el marido y los hijos.
Así es la historia hoy de unos 650 millones de mujeres y jóvenes en todo el mundo que se casaron cuando eran niñas. América Latina y el Caribe alberga cerca del 10% de ellas, de acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). También en la región, el 25% de las jóvenes se casan o entran en una unión doméstica informal antes de los 18 años.
De hecho, para 2030, si las tendencias actuales continúan, 20 millones de niñas latinoamericanas y caribeñas más estarán en esa misma condición. Entre las posibles consecuencias están el aumento en los riesgos a la salud, más hijos, evasión escolar, salarios bajos en la edad adulta, menor autonomía y mayor riesgo de violencia a manos de su pareja.
A pesar de estas sombrías perspectivas, América Latina y el Caribe es una de las regiones que más avanzó para proteger a las niñas contra el matrimonio infantil. Según el Banco Mundial, desde 2015, países como Brasil, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Trinidad y Tobago hicieron reformas para mejorar la legislación.
Erradicar el matrimonio infantil está entre las metas previstas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 de las Naciones Unidas para el año 2030. Por lo tanto, una serie de estudios recientes se han centrado en el tema, examinando, entre otros factores, el poder de las leyes.
Aunque la edad legal para el matrimonio de niñas es de 18 años (o más) en todos los países de América Latina y el Caribe, en muchos hay excepciones que permiten a las niñas casarse a los 16 años o antes, con el consentimiento de los padres o una autorización judicial. En Venezuela y Guyana, por ejemplo, todavía se permite la boda a cualquier edad si la joven está embarazada.