Ya hace 10 días que nació la hija de Hasina, pero todavía no tiene nombre. Quizá su familia esté esperando a confirmar que va a seguir con vida para dárselo, porque su situación es crítica. Nació afectada por una restricción del crecimiento intrauterino y todavía pesa solo 1,2 kilos. Los médicos son relativamente optimistas porque ha ganado 200 gramos en los últimos días y, si alcanza el kilo y medio, aseguran que su pronóstico mejorará notablemente. “La dificultad radica en convencerles de que se queden en el centro, porque muchas madres carecen de ayuda y tienen que regresar a sus chabolas para cuidar del resto de la familia”, explica Housna Ana Begum, una de las doctoras del hospital que Médicos Sin Fronteras (MSF) gestiona en Goyalmara, frente a los campos de refugiados para ciudadanos de la etnia rohingya de Bangladés.
Afortunadamente, la tercera hija de Hasina ha acabado en este centro y está en buenas manos. Pero los sanitarios reconocen que incluso aquí la mortalidad de los bebés que llegan con estas dolencias oscila entre el 20% y el 30%. “Nos han llegado prematuros de solo 900 gramos y los hemos conseguido sacar adelante, pero no siempre es posible con los medios que tenemos a nuestra disposición”, reconoce Begum. Y la infraestructura sanitaria es mucho peor dentro de los campos de refugiados, que acogen a casi un millón de personas que escaparon de la limpieza étnica impulsada por el ejército de la vecina Myanmar, como hizo Hasina en agosto de 2017.
Buen ejemplo de ello es el minúsculo y destartalado centro de salud primaria del campo número 13, donde un joven enfermero hace lo que puede para satisfacer las necesidades del torrente de pacientes que le desborda. “Ahora tenemos muchos casos de varicela, algunos de difteria, y la diarrea aguda de siempre —el eufemismo que utilizan para referirse a los brotes de cólera que Bangladés se resiste a reconocer como tales—. Pero nos faltan medicamentos y personal, y en estas condiciones de hacinamiento es imposible tener éxito con los programas de prevención”,