El cadáver de un perro en pleno campo es el primer protagonista de una historia que se desarrolla en la linde de dos cotos de caza entre Málaga y Granada. Un relato que tiene como telón de fondo una reserva natural que cobija a especies de aves acuáticas en peligro de extinción. Y que se nutre de una concienzuda investigación que incluye zorros muertos, una treintena de palomas congeladas y sustancias venenosas prohibidas que suponen un riesgo –en algunos casos, extremo– no solo para animales, también para la salud humana. Son los hallazgos que sirvieron de pistas –y de pruebas– para que un equipo de agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de Málaga llegara hasta Rafael P. L., un vecino de Loja (Granada, 20.342 habitantes), que ejercía de guarda uno de los cotos. Seis años después, ha sido condenado a un año de prisión por un delito contra la flora y la fauna.
La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Penal número 3 de Málaga, es excepcional: pocas veces se consiguen probar los envenenamientos de fauna y aún más raro es que la sanción conlleve pena de cárcel. “El campo no tiene ojos”, destacan fuentes de la investigación, que explican así la gran dificultad de encontrar un culpable cuando se hallan animales envenenados en plena montaña, campos de labor o un coto de caza. Los datos lo avalan.
Cadáver de un zorro víctima del envenenamiento.
Según la estrategia andaluza contra el veneno, apenas ha habido 18 sentencias condenatorias por colocación de venenos en toda Andalucía en los últimos 25 años, a pesar de que se han detectado cerca de 2.000 casos en ese tiempo. En esta ocasión, ha sido la suma de pruebas indiciarias la que ha permitido que la denuncia acabe en condena de prisión y la inhabilitación para a cazar o pescar durante dos años. El juez considera probado “un episodio masivo y no selectivo de envenenamiento de fauna silvestre y otros animales”.
Todo arrancó en febrero de 2014 con la denuncia de un particular,