La posibilidad, avanzada este domingo por Pedro Sánchez a los presidentes autonómicos, de confinar a los contagiados por COVID-10 cobra fuerza. No obstante, ha asegurado este lunes el ministro de Sanidad la reclusión en lugares habilitados para contener la infección no será obligatoria. Salvador Illa ha venido así a aclarar un plan que podría chocar frontalmente con los derechos fundamentales, ya que en su sentido más estricto podría suponer la detención forzosa de ciudadanos sin la mediación de una orden judicial.
Pese a la aclaración, el Gobierno central no descarta, ni mucho menos, esta opción. Eso sí, siempre de carácter voluntario. Son los bautizados como ‘Arca de Noé’.
Según los estudios realizados en China durante la crisis en Wuham, hasta cuatro de cada cinco contagiados por el coronavirus no padecerían síntomas, pero contagian el virus. Eso sí, serían potenciales fuentes de contagio, tanto en la calle como en sus domicilios en caso de que permanezcan recluidos en sus hogares. Estos infectados son, por tanto, una de las principales amenazas para torcer la curva y evitar que España se vea obligada a comenzar de nuevo en la escalada de casos.
Illa ha afirmado que el confinamiento de los asintomáticos «es una opción que podría ser ofrecida a personas que así lo soliciten, bien porque sus domicilios no reúnen condiciones para el aislamiento o por otro tipo de consideraciones». Y ha añadido que, en cualquier caso, será un tema acordado con las autoridades sanitarias de las comunidades autonómas.
Este domingo, Pedro Sánchez solicitó a los presidentes regionales que presenten al Gobierno un listado de espacios donde podría ubicarse a los asintomáticos, siempre, ha zanjado Salbador Illa este lunes, de forma voluntaria.
Pero más allá de las palabras o planes políticos, para detectar a los contagiados asintomáticos harían falta millones de pruebas COVID-19, de las que España aún carece.