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PROFESIONALES DE LA SANIDAD ABOGAN POR LA REFORMA

Profesionales de la sanidad pública y privada abogan por reformas estructurales del SNS

 

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 El acto contó con la presencia de Agustín Rivero, director general de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Enrique de Porres; consejero delegado de ASISA; y José María Fidalgo, ex secretario general de CC.OO.; y Julián García Vargas, que fuera ministro de Sanidad entre 1986 y 1991, que moderó el encuentro.

 

Los participantes en la mesa redonda coincidieron en la necesidad de impulsar un plan de reformas integral que permita diseñar el sistema sanitario a medio y largo plazo, además de afrontar la difícil situación que presenta actualmente el Sistema Nacional de Salud (SNS). Enrique de Porres, consejero delegado de ASISA, resumió esta situación: "Es necesario hacer reformas estructurales a medio y largo plazo, aunque la realidad que vivimos obliga a hacer ajustes a corto plazo. Por eso, es imprescindible adecuar esos ajustes que son inevitables en la situación actual al conjunto de reformas estructurales que requiere el sistema".

 

 

Revisión de la Ley General de Sanidad

 

José María Fidalgo abundó en esta tesis y apostó por llevar a cabo una reforma de la Ley General de Sanidad y trazar una estrategia de reformas que se apoye en tres principios: un pacto político entre los principales partidos; la implicación del colectivo profesional; y el desarrollo de una narrativa que permita explicar a los ciudadanos el proceso de reformas que son necesarias para garantizar la viabilidad del sistema. Además, José María Fidalgo subrayó la importancia de realizar un buen diagnóstico del Sistema Nacional de Salud basado en los principios de sostenibilidad del sistema, suficiencia del mismo, equidad y capacidad para gobernar los recursos.

 

El ex ministro de Sanidad, Julián García Vargas, apostó por mejorar los mecanismos de coordinación de los sistemas sanitarios de las diferentes comunidades autónomas entre ellos y con el propio Ministerio de Sanidad y recordó que, junto a todas las medidas que se impulsen desde las Administraciones, es imprescindible "fomentar la responsabilidad de los ciudadanos".

Enrique de Porres, María Tormo, Julián García Vargas, y José María Fidalgo 
Enrique de Porres, María Tormo, Julián García Vargas, y José María Fidalgo

 

Una nueva cartera de servicios

 

Por su parte, Agustín Rivero, director general de Cartera Básica de Servicios del Ministerio de Sanidad, defendió la oportunidad del Real Decreto Ley 16/2012, que, a su juicio, sienta las bases de las reformas que son necesarias para garantizar la viabilidad del Sistema Nacional de Salud. Rivero recordó que entre 2009 y 2011 la deuda del sistema se incrementó un 173%, lo que hacía imprescindible tomar medidas de control del gasto y anunció que, desde la entrada en vigor de la nueva fórmula de copago el pasado mes de julio, la factura farmacéutica se había reducido considerablemente (en septiembre, un 25%): en tres meses se han extendido 10 millones menos de recetas y se han ahorrado 890 millones de euros.

 

Rivero anunció que se seguirá revisando la cartera de servicios y que se eliminaran procedimientos y técnicas obsoletas, a la vez que se incorporarán otros más modernos de acuerdo con criterios técnicos elaborados por un grupo de expertos. Igualmente, defendió que algunos servicios saldrán de la cartera básica y pasarán a ser considerados suplementarios o accesorios.

 

Reforma del mutualismo administrativo

 

Más crítico con el Real Decreto Ley se mostró Enrique de Porres, que advirtió que esta norma no contempla el conjunto del Sistema Nacional de Salud y apenas desarrolla ningún aspecto relacionado con la sanidad privada o con el mutualismo administrativo. El consejero delegado de ASISA apostó por la creación de un ente sanitario de coordinación entre las tres mutuas del Estado (MUFACE, MUGEJU e ISFAS) que permita a las compañías que participan del sistema tener un único interlocutor con el que discutir el futuro de un modelo que, aseguró, presta el servicio con un coste un 50% inferior al sistema público de gestión directa por parte de las Administraciones.

 

Para De Porres, "la financiación es un problema endémico del modelo, que se ve agravado por la falta de convocatoria de plazas de funcionarios públicos, lo que provoca un envejecimiento del funcionariado que redunda en un agravamiento de los problemas de financiación".

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