La Administración Trump pretende anular los derechos civiles instaurados durante el mandato del presidente Barack Obama para el colectivo transgénero. Lo ha hecho vetando su acceso al ejército y estableciendo un derecho de admisión en los albergues para indigentes que puede impedirles el acceso. Ahora la ofensiva continúa con el sistema nacional de salud, donde se va a legislar para eliminar el concepto “identidad de género” y reducirlo al de “sexo al nacer”. Los grupos de derechos civiles consideran que esto se usará para negar atención médica a los pacientes transgénero.
Se trata de, poco a poco, desmontar un legado e imponer una agenda ultraconservadora liderada por grupos religiosos. El Departamento de Salud y Servicios Humanos, dirigido por Roger Severino, prepara una ley que tiene poco de humana y mucho de intransigencia religiosa e ideológica, según los críticos. La Administración republicana considera que, cuando el Congreso prohibió la discriminación basada en el sexo, lo hizo acorde a la estricta definición de este término, sin más consideraciones. “Por tanto, vamos a legislar en ese sentido”, dijo Severino, que cree que la interpretación del Gobierno Obama expandió demasiado la definición.
Dentro de la ley sanitaria de Barack Obama, conocida como Obamacare, la sección 1557 prohíbe la discriminación basada en la raza, el color, el origen nacional, la edad, discapacidad o el sexo “por parte de cualquier programa o actividad sanitaria” que reciba asistencia financiera federal. La ley de Obama de 2016 fue pionera y estableció el término “identidad de género” para acoger dentro de la norma sanitaria a cualquier persona cuyo sentimiento identitario pueda ser cambiante, de hombre a mujer o viceversa. David Stacy, responsable de asuntos gubernamentales en la asociación pro derechos humanos Human Rights Campaing (HRC), considera que “este último ataque de la Administración Trump-Pence amenaza con socavar protecciones cruciales no discriminatorias para el sector LGTBIQ que estaban garantizadas bajo Obamacare”. “Esta Administración está poniendo a ese colectivo en un riesgo aún mayor de discriminación al serle denegado el cuidado sanitario básico,