La falta de inversiones en nuevas tecnologías y renovación del utillaje está provocando una peligrosa descapitalización del sistema sanitario público. Hasta ahora el debate sobre la sanidad se ha centrado en las consecuencias de los recortes en personal y gastos de funcionamiento, pero la falta de actualización tecnológica es otra forma de degradación que puede tener graves repercusiones. Una medicina de calidad requiere un soporte tecnológico cada vez más costoso. Tanto el diagnóstico como los tratamientos exigen tecnologías cada vez más complejas que necesitan además una actualización continua. El sistema ya está bajo mínimos.
El gasto sanitario público pasó en España de algo más de 73.000 millones en 2011 a 65.700 en 2013 y se ha mantenido por debajo de los 68.000 durante varios años. Las inversiones en obras y servicios no solo no han aumentado al ritmo que hubiera sido necesario, sino que se han reducido. Las consecuencias pueden ser muy graves. Cuanto más se prolongue la brecha entre las inversiones efectivas y las necesidades de inversión, mayor será el coste de la puesta al día. De prolongarse, esta situación puede poner en peligro la viabilidad del propio modelo sanitario si el coste de esa actualización resulta excesivamente elevado en un contexto de contención del déficit público y bajos ingresos fiscales.
Para renovar y actualizar la dotación tecnológica sería preciso aumentar drásticamente el presupuesto sanitario. Algunas fuentes estiman que debería situarse entre el 7% y 7,5% del PIB, frente al 6,3% actual. España figura en el puesto 18º de los 35 países de la OCDE en gasto público sanitario, muy lejos del 9,6% de Alemania, el 9,5% de Francia o el 7,6% del Reino Unido. En las previsiones enviadas por el Gobierno en 2017 a Bruselas se contemplaba incluso una caída hasta el 5,5% del PIB en 2020. Semejante escenario sería catastrófico. Las fuerzas políticas que aspiran a gobernar deberían clarificar qué propósitos tienen al respecto. Algunos partidos incluyen en sus programas medidas que ni siquiera dependen del Gobierno central sino de las comunidades autónomas, y en cambio no concretan de qué forma piensan reforzar el sistema sanitario público.