Las compañías de telecomunicaciones, los bancos y la sanidad privada han acaparado el 52,2% de las denuncias que los consumidores han realizado ante las asociación de consumidores Facua durante el primer semestre de 2019. En este período, la organización ha recibido 19.090 consultas de las que ha abierto 4.896 expedientes de reclamación. Casi una de cada cuatro de estas (24,0%) han sido interpuestas contra telecos, quienes lideran otro semestre más la lista. La asociación ha criticado la “escandalosa” falta de actuaciones de las autoridades estatales y autonómicas ante los “gravísimos fraudes” y la “pasividad” de los últimos años que ha obligado a judicializar fraudes masivos como los de dieselgate o las cláusulas suelo.
Dos décadas más tarde, las telecos siguen liderando el ránking de denuncias de los consumidores. Las “ofertas engañosas”, las “subidas fraudulentas de tarifas”, los “incumplimientos contractuales” y los “abusos” que cometen estas compañías, según apunta Facua, han encumbrado a este sector nuevamente a la primera posición tras sumar 1.175 reclamaciones durante el último semestre. En los últimos años, las empresas de telecomunicaciones solo han sido desbancadas en momentos puntuales por el estallido de fraudes masivos como el caso Volkswagen, el cierre de iDental o la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en contra de las cláusulas suelo.
La vigencia de las empresas de telecomunicaciones en este primer puesto muestra la “ineficiencia” de las administraciones, indican. Facua critica que no haya un control del mercado por parte de las administraciones y que estas no tomen medidas contundentes. “La ley establece que las administraciones públicas pueden multar a las empresas por valores de entre cuatro a diez veces lo defraudado y, sin embargo, no lo hacen”, reprueba Rubén Sánchez, portavoz de la organización. “Todavía no han aplicado un castigo ejemplar”, añade. Asimismo, exige que la potestad sancionadora no solo esté en manos de las comunidades autónomas, como fija las leyes de consumo aprobadas en los años 80, sino que un organismo estatal sea dotado de competencia para aplicar multas ejemplarizantes ante estos fraudes masivos.