El único hijo de Amalia se convirtió el domingo pasado en el sexto niño muerto por desnutrición en lo que va de mes, en Salta, una provincia en el extremo norte de Argentina que linda con Bolivia, Chile y Paraguay. El niño tenía un año y nueve meses y vivía con su madre en una comunidad de 150 familias indígenas wichís en el municipio de Embarcación. Murió durante el traslado entre dos centros de salud. El gobierno salteño informó de que el pequeño estaba en un estado general grave, con fiebre, deshidratación severa y diez días de vómitos y diarrea. “Tenía una enfermedad de base: desnutrición crónica”, admitieron las autoridades.

Casos como este se suceden año a año en Salta, donde el verano es duro y las sequías se turnan con las inundaciones para dejar sin alimentos a las comunidades indígenas más aisladas. Como tantas otras veces, el estado provincial, liderado por el peronismo durante 32 de los últimos 36 años de democracia, declaró la emergencia sociosanitaria.

La crisis económica que asola a Argentina ha agravado el problema de las comunidades más postergadas, pero los orígenes son estructurales. En esta región norteña se desperdigan muchos de los parajes más pobres del país sudamericano, como Las Vertientes y El Tráfico, comunidades wichís donde vivían algunos de los pequeños muertos desde el 1 de enero. O Morillo, hogar de un niño criollo que se sumó al mismo listado. “Grave situación lo que está pasando, primera vez que veo esta situación por falta de alimentos, de trabajo, de sala de primeros auxilios y de agua”, dice por teléfono Gilberto Vicente, cacique de El Tráfico. Amancio Martínez, cacique de Kilómetro 2-Misión La Paz, ubicada más al noreste, en la frontera con Bolivia y Paraguay, advierte que el problema es de larga data. La falta de alimentos “no es de ayer, viene de más antes”, dice.

En esos parajes desolados faltan agentes sanitarios, como se llama al personal que visita regularmente a las familias casa por casa. Se mueven en bicicleta, con una mochila,

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