En plena pelea política y sin un Gobierno a la vista desde las elecciones generales del 28 de abril, los ciudadanos quieren hablar a los políticos y lo hacen presentando este viernes en el Congreso un millón de firmas para que se despenalice la eutanasia. El médico Marcos Hourmann ha recabado más de 600.000 apoyos en la plataforma Change.org para que la Fiscalía no presentara cargos contra Ángel Hernández, que ayudó a morir a su esposa, María José Carrasco, con un preparado letal, como ella le había pedido. La esclerosis múltiple que sufría Carrasco apenas le dejaba ya tragar el líquido. Txema Lorente vio morir a su mujer, aquejada de alzhéimer, sin poder cumplir la palabra que le dio de ofrecerle un final digno cuando ya no reconociera a los suyos. La recogida de firmas que inició esta familia ha conseguido más de 374.000 apoyos en la misma plataforma. Y la viuda de Luis de Marcos, María Asunción Gómez, sumó la voluntad de otras 99.000 personas al mismo objetivo.
La eutanasia es uno de esos casos en los que la sociedad va por delante de la política. Las encuestas de las últimas décadas son inequívocas, alrededor de un 84% de la población muestra su respaldo a regular la muerte deseada. El último Sociómetro del País Vasco, la más reciente, dio un 86%. “El apoyo se mantiene estable en el tiempo, es transversal a las ideologías, con apenas un escalón cuando se trata de creencias religiosas. Eso nos habla de que la sociedad ha madurado la idea, de que quiere alcanzar este derecho de salida”, explica Rafael Serrano del Rosal, investigador del Instituto de Estudios Sociales Avanzados del CSIC.
En la Transición se habló de “derecho de entrada”, cuando se regulaba el uso de anticonceptivos para decidir si traer o no a alguien al mundo. Cuarenta años después, el “derecho de salida” no acaba de encontrar su sitio en el Congreso. El PSOE presentó en 2018 una ley para la despenalización de la eutanasia que Ciudadanos bloqueó en la Mesa del Congreso.