El Ministerio de Sanidad prepara una reforma del real decreto que regula la prestación a la interrupción voluntaria del embarazo para que los abortos que se realicen hasta la semana novena de gestación sean por métodos farmacológicos y evitar así la «saturación» de las instalaciones quirúrgicas en el sistema público.
El Ministerio que dirige Salvador Illa ha iniciado una consulta pública previa del proyecto de modificación del real decreto de garantía de la calidad asistencial de la prestación a la interrupción voluntaria del embarazo que finaliza el próximo 4 de febrero y que busca solucionar «dos problemas» que se han observado en los últimos años.
El primero de ellos es «la saturación de las instalaciones quirúrgicas en el sistema público que hacía que la demanda se reorientara hacia el sector privado», que, según Sanidad, consiguió que más del 85% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizaran en instalaciones de este tipo costeadas por el Sistema Nacional del Salud (SNS) a través de las comunidades autónomas.
Para dar solución a este problema, el Ministerio quiere que se recurra al método farmacológico en embarazos no deseados que no superen las nueve semanas de gestación que, según asegura, son la mayoría.
De esta manera, dado que los centros de Atención Primaria extrahospitalaria pueden proporcionar esta prestación,