La medida del Gobierno ruso anunciada el martes, de prohibir la entrada en Rusia de ciudadanos chinos para, según explicó la viceprimera ministra, Tatiana Gólikova, evitar la propagación del COVID-19, ha entrado hoy en vigor. Gólikova aclaró que tan tajante decisión se hace extensiva «a los viajes privados, de negocios, estudios y turismo». Señaló al mimo tiempo que «sólo se permitirá la entrada de pasajeros -chinos- en tránsito».
Ayer miércoles, el Ministerio de Exteriores ruso precisó que, no obstante, sí podrán acceder a territorio ruso los nacionales chinos que viajen «por vía oficial o por motivos laborales y humanitarios». Se reiteraba que los que pasen por Rusia en tránsito hacía terceros países tampoco sufrirán ningún impedimento. Una fuente del Gobierno ruso ya adelantó el martes que los chinos con permiso de residencia en Rusia a tenor de contratos laborales tampoco se verán afectados.
De manera que el impacto del cerrojazo fronterizo ruso a sus vecinos orientales va a golpear fundamentalmente al sector del turismo. Las riadas de turistas chinos visitando la Plaza Roja de Moscú o el Museo del Hermitage de San Petersburgo desaparecerán en los próximos días. El gran país oriental es el que más turistas envía a Rusia.
La Asociación de Tour Operadores de Rusia (ATOR) calcula que la industria turística del país sufrirá perdidas durante los meses de febrero y marzo por valor de casi 3.000 millones de rublos (más de 40 millones de euros) y sostiene que, ya antes del cierre de las fronteras, las restricciones a los viajes de ciudadanos chinos, mediante la suspensión de la emisión de visados y la anulación de vuelos chárter y líneas regulares, comenzaron el 28 de enero.
La ATOR asegura en un comunicado que «con un coste medio por viaje y turista chino de 460 euros (sin incluir el transporte aéreo), sólo en febrero los operadores turísticos rusos perdieron ingresos por valor de 1.400 millones de rublos»,