En 2019, la falta de acceso a un saneamiento adecuado es uno de los tantos con los que lidian día a día Houriya Hamad, sus vecinos y los cientos de miles de personas varadas en asentamientos informales desperdigados por Líbano. Son sirios y se les llama refugiados desde que huyeron de su tierra por una guerra que comenzó en 2011 y ha causado cerca de medio millón de muertos. Lo que se creyó que sería una emergencia humanitaria pasajera hoy se ha convertido en una crisis perenne que los ha convertido en personas empobrecidas y vulnerables en los países de acogida. Líbano, país que ya desde antes arrastraba sus propios problemas, alberga a un 1,2 millones de desplazados por el conflicto sirio, un 20% de la población.
«Quiero hablar en nombre de toda la comunidad por un problema que estamos teniendo con el sistema de alcantarillado», sentencia una Hamad muy seria. «Han cerrado la tubería que da salida a las aguas residuales y los retretes de las casas se colapsan, se sale todo y se esparce por las viviendas», lamenta. «Cuando los niños vuelven del colegio a veces llegan con el barro por las rodillas», añade la mujer.
Este ejemplo ilustra la saturación de los servicios públicos libaneses a causa de una demanda que excede las capacidades institucionales y las infraestructuras. Ya funcionaban regular con cinco millones de personas y ahora soportan a un millón más. «El conflicto sirio ha tenido un impacto significativo, causando un ahondamiento de la pobreza y de las necesidades humanitarias. La crisis de refugiados ha costado a la economía libanesa 18.000 millones de dólares por la ralentización económica, la pérdida en ingresos fiscales y la mayor presión sobre los servicios públicos», reza el último plan de acción del Gobierno para asistir a la población vulnerable. Alrededor de un millón de libaneses y 700.000 sirios viven por debajo del umbral de la pobreza, y cada vez les cuesta más acceder a servicios básicos en un país que tiene una deuda externa equivalente al 150% de su PIB.