Está todo listo para que arranque en Cleveland (Ohio) una causa sin precedentes contra la industria farmacéutica de EE UU. A partir del lunes y durante los dos meses siguientes, el juez federal Dan Polster y los 12 ciudadanos escogidos como miembros del jurado evaluarán si los principales laboratorios deben pagar el coste económico de la crisis de los opiáceos, que se ha cobrado cerca de 400.000 vidas en Estados Unidos entre 1997 y 2017. Lo único que podría frenar el histórico litigio —el primero federal de una serie de juicios que están por venir— es que Polster consiga que las empresas lleguen a un acuerdo con los demandantes por una suma de unos 50.000 millones de dólares (48.800 millones de euros), según medios locales, que zanjaría todos los procesos judiciales pendientes. Este viernes, los directores ejecutivos de las empresas demandadas viajaron hasta Cleveland para negociar in extremis un acuerdo con los abogados de los afectados, en una reunión organizada por el juez federal que busca evitar este juicio y resolver de golpe las miles de demandas interpuestas en todo el país.

Con las cifras de adictos al alza, los Gobiernos estatales y locales decidieron en 2017 que la que tenía que asumir los costes para frenar la crisis de adicción a los opioides de la población era la industria farmacéutica y no ellos. Desde entonces se han presentado cerca de 2.500 demandas a los principales distribuidores y minoristas de medicamentos, incluidos CVS y Walmart. Los demandantes acusan a fabricantes como Teva de engañar al comercializar opioides con mensajes que minimizaban sus riesgos y a los distribuidores de no detectar ni detener las órdenes sospechosas. Las compañías son las responsables de notificar a la Administración de Control de Drogas si identifican algo fuera de lo común y de retrasar los envíos mientras se verifica la información.

El caso enfrentará a los condados Cuyahoga y Summit (Ohio) con las empresas demandadas. Polster eligió que fuera el proceso que abra la macrocausa por opiáceos del país porque el Estado es uno de los más afectados por las muertes por sobredosis,

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