El 23 de marzo de 2012, dos días antes de unas elecciones autonómicas andaluzas que, según todas las encuestas, iba a ganar el PP de Javier Arenas con mayoría absoluta, la Consejería de Salud citó a los laboratorios a los que había adjudicado su primera subasta de fármacos. La licitación pública de fármacos había sido una de las principales medidas de ahorro puestas en marcha por la Junta para paliar los efectos de la crisis económica, pero desde el principio contó con la oposición frontal del PP, que desde el Gobierno central la recurrió al Tribunal Constitucional al considerar que invadía competencias estatales.
Salud había citado a 11 empresas para firmar el acuerdo, pero solo acudieron cuatro, las más pequeñas. Los grandes laboratorios, entre ellos Bayer, Sanofi y Abbott, siempre remisos ante un mecanismo que les obligaba a rebajar sus precios, no se presentaron a la cita. Alguno llegó a viajar a Sevilla para firmar el convenio, pero se dio la vuelta. Las que sí asistieron contaron que altos cargos del Ministerio de Sanidad, dirigido por Ana Mato, les habían llamado para exigirles que abandonaran, con la advertencia de que el PP iba a presidir la Junta unas semanas después y entre sus primeras medidas estaría la derogación de la subasta de medicamentos. El PP no pudo cumplir entonces con su compromiso ante los grandes laboratorios porque el PSOE siguió al frente de la Junta. Pero ahora, siete años después, los populares están a un paso de lograr la presidencia de Andalucía y una de las primeras medidas acordadas con Ciudadanos es poner fin a la licitación pública de fármacos, un mecanismo que reportó a la Junta 177 millones en 2017.
¿Qué tiene la subasta de fármacos para situarse entre las prioridades de un pacto de Gobierno? Estos concursos son habituales en España para la compra por parte de la Administración de los medicamentos de uso hospitalario, pero es la primera vez que se usa para la venta en farmacias. En esencia consiste en que la Junta licita la venta en farmacias de determinados grupos de fármacos sujetos a financiación pública.