Los casos positivos por coronavirus siguen aumentando en las residencias de personas mayores, y aunque los fallecimientos por COVID-19 han frenado su conteo por decenas se pierden vidas a cuentagotas. Después que esta semana se llegara en 48 horas a más de cien fallecidos por el virus en una decena de hogares de ancianos, el Gobierno ha decidido que la Administración asuma la gestión de las residencias privadas de mayores, según anunció Pedro Sánchez.
La unificación de los centros de ancianos bajo una única gestión busca replicar los mecanismos que ya se emplean en el sector sanitario, y entra dentro de las atribuciones del decreto de alarma.
«Ya lo hicimos con la sanidad privada y hoy lo hacemos con las residencias de mayores privadas», había anunciado previamente Sánchez a los presidentes autonómicos, garantizando que van a disponer de todos los medios materiales y humanos que sean requeridos. Se busca, dijo Sánchez, revertir la saturación de las residencias públicas y evitar más contagios. Por tanto, ante la situación de riesgo de este grupo vulnerable se pretende mejorar su calidad de vida, aunque se siga el protocolo de aislamiento impuesto hasta ahora. «Vamos a disponer que todas las comunidades autónomas tengan las competencias de las residencias de mayores, sean públicas y privadas», anunció el presidente de Gobierno en su alocución pública. La medida de disponer que todas las comunidades autónomas se hagan cargo de las residencias de mayores privadas busca proporcionarles una protección adicional, en un momento crítico en que se están instalando unidades de cuidados intensivos.
Centros sin personal
La orden de intervención de las residencias de mayores se extienden también a todos los centros cuya integridad del servicio no sea óptima, ya sea porque no tienen capacidad de asumir la crisis, o falte el personal que garantiza las medidas preventivas, sanitarias y de aislamiento.
En esa línea de asistencia se incluye la actividad de la Unidad Militar de Emergencia,