Hace casi cuatro años, ocho hombres violaron a una niña indígena en un paraje rural de la provincia de Salta, en el norte de Argentina. La víctima, de la etnia wichí, tenía entonces 12 años, un retraso madurativo evidente y vivía en la indigencia. El ataque pasó inadvertido hasta seis meses después, cuando la menor, embarazada de un feto sin esperanza de vida, sufrió una cesárea en condiciones críticas. El caso se convirtió en un icono de la lucha por el aborto legal, en momentos en que el tema no estaba aún en la agenda política del país. Este martes, los acusados se sentaron frente al tribunal que deberá juzgarlos.
El 28 de noviembre de 2015, A.M.S. –iniciales de la niña–, no volvió a su casa. Sus familiares la encontraron un día después en una cancha de fútbol de pueblo, inconsciente. Según testigos, la atraparon cuando estaba con unas amigas y un grupo de varones la violó en una zona de arbustos. Esto ocurrió en Alto de la Sierra, una localidad perdida en el monte, cerca de la frontera con Bolivia y Paraguay, donde viven unos dos mil habitantes, el 60% de ellos de origen wichí y chorote. Todos se las arreglan como pueden con lo poco que hay, entre la hostilidad del clima y la indiferencia de Estado. Recorrer los 480 kilómetros que separan Alto de la Sierra de la capital de la provincia lleva más de diez horas, si no llueve. Sus habitantes soportan temperaturas de hasta 50 grados y muchos viven en ranchos de barro, a 70 kilómetros del primer asfalto. Y en otro tiempo.
No siempre hay médico o ambulancia, y mucho menos kits para emergencias, tests de embarazo o información en los idiomas de las comunidades originarias que pueblan la región. Para los wichís fue un verdadero calvario constatar la violación, lograr que la justicia escuche a la niña en su lengua materna y “hacer bajar al territorio”, como dicen ellos, a algunos diputados. El desafío fue interesar a la política en el caso.