La frase escoció en un sector amplio del movimiento feminista español. “Me pregunto si hay algo más feminista que una mujer ayudando a otra a ser madre”, dijo en enero el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Su partido es el único que plantea permitir los vientres de alquiler en España. En el programa electoral para las generales del 28-A, lo presenta como una ley “para que las mujeres que no pueden concebir y las familias LGTBI puedan cumplir su sueño de formar una familia“. El PSOE, contrario a esta práctica, que no es legal en España, lleva por primera vez en su programa actuar contra las agencias que ejercen como intermediarias. En septiembre de 2017, Ciudadanos registró una proposición de ley, que se ha quedado sin debatir esta legislatura, en la que hablaban del “derecho” a la gestación por subrogación. Tres especialistas en Derecho analizan el documento.
¿Un derecho?.“Un hijo no es un bien o un servicio que el Estado pueda garantizar o suministrar, sino un ser humano titular de derechos”, señala un informe de marzo de 2018 de la relatora especial de la ONU sobre la venta y la explotación sexual de niños. “De ahí que ofrecer un ‘derecho a tener un hijo’ suponga una denegación fundamental de los derechos humanos del niño en condiciones de igualdad”, añade la relatora. Vicente Bellver, catedrático de Filosofía del Derecho y miembro del Comité de Bioética de España, ahonda en la idea: “No conozco ninguna otra normativa sobre gestación subrogada que hable de derechos”. “El recurso más eficaz para justificar cualquier cosa es envolverlo en la bandera de los derechos. Ciudadanos hace un cierto ejercicio de cinismo porque habla del derecho de los comitentes a ser padres por esta vía y el derecho de las mujeres a poder ofrecer sus servicios”, añade Bellver.
El modelo. El partido de Albert Rivera asegura que su propuesta está inspirada en el modelo altruista canadiense, en el que las mujeres que se embarazan para terceros solo reciben a cambio el reembolso de los gastos que han tenido.