La facilidad con la que se ha incluido al Ministerio de Sanidad en el posible intercambio de responsabilidades políticas en la investidura fracasada puede sugerir una idea falsa de la situación del sistema sanitario español. La sanidad pública sufre un grave proceso de deterioro debido a la reducción de los recursos destinados a su funcionamiento. Pero también a aspectos organizativos no resueltos que afectan a la vertebración, estructura y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud (SNS). Su decadencia es percibida por la población, que, en repetidos barómetros sanitarios y estudios del CIS, viene identificando como uno de los problemas que más preocupan el acceso a los servicios sanitarios, afectados por prolongadas listas de espera y su pérdida de calidad, y como prioritaria la mejora de la coordinación de las competencias ejercidas por las comunidades autónomas en Sanidad.
La descentralización que implantó el Estado de las autonomías ha supuesto un impulso en el desarrollo de la estructura y capacidad asistencial de los servicios de salud en toda España y una mejora de la atención sanitaria en las regiones con menor renta. Al mismo tiempo, ese proceso ha tenido efectos no deseados que es imprescindible corregir.
El principal resultado de la insuficiente articulación autonómica de la sanidad es la aparición de desigualdades territoriales en el acceso a esos servicios: calendarios vacunales diferentes en distintas comunidades, dificultades para obtener la prescripción farmacéutica en una comunidad distinta de la de residencia, rechazo o demora de la atención en una comunidad diferente de la propia, diferencias en las listas de espera en distintos territorios. Se ha producido también la ruptura de las economías de escala de las que debería beneficiarse el conjunto del SNS mediante un sistema de compras único, previsto en la Ley General de Sanidad (LGS), pero inexistente en la realidad, y la ausencia de una mínima planificación coordinada, que ha derivado en la multiplicación innecesaria de servicios y hospitales, que deterioran la eficiencia de su funcionamiento.
Tres décadas después de que la LGS de 1986 estableciera la constitución de un Sistema Nacional de Salud universal, y dos de que el Pacto de Toledo de 1997 ordenara armonizar la financiación sanitaria mutualista,