El Gobierno recopilará los datos de geolocalización de más de 40 millones de teléfonos móviles con el objetivo de trazar un «mapa de movilidad» para mitigar los efectos del coronavirus y estudiar posibles medidas de salida a la pandemia. Una decisión percibida por un sector de la población como una intromisión en su derecho a la intimidad pero que, sin embargo, solo estará basado en datos anónimos facilitados por las operadoras y cuyo «único interés», según el Ministerio de Sanidad, será conocer como influyen los desplazamientos de los ciudadanos en la propagación delCovid-19.
El estudio será similar al puesto en marcha por el INE en noviembre del año pasado –y que también despertó polémica– para recopilar datos estadísticos de movilidad urbana en España y que «en ningún caso», servirá para controlar los movimientos de los españoles durante la cuarentena, tal y como desmintió el Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, que calificó esas afirmaciones de «nuevo bulo».
LAS CLAVES:
Autorización.
Tanto la UE como la AEPD han dado el visto bueno a la iniciativa por la excepcionalidad sanitaria
China y Corea del Sur.
El nivel de rastreo de los móviles es mayor, y ligado a la temperatura corporal de cada ciudadano
La norma entró en vigor el pasado sábado 28 de marzo, con su publicación en el BOE. En ella se promovían dos iniciativas distintas: la creación de una aplicación móvil para ayudar a quienes dudan si han contraído el coronavirus y la elaboración del mencionado estudio.
Algunos expertos creen que los recelos por ceder esta información a las autoridades sanitarias, que han sido agitados también por algunos partidos como Vox para atacar al Gobierno, «no deben suponer un freno porque la protección de datos no está pensada para impedir acciones que pretendan dar salida al interés público, en este caso poner fin a la pandemia», explica a este periódico Eduard Blasi,