La oposición de la Asamblea denuncia que el sistema de libre elección de médico especialista y hospital, instaurado por el PP en 2010, ha engordado el negocio de los hospitales de gestión privada. En 2018, miles de pacientes dejaron de tratarse en sus hospitales públicos de referencia —los siete más grandes perdieron 89.000 primeras consultas— y se pasaron a los de gestión privada —que ganaron 144.000—. Ese trasvase se traduce en dinero. Los centros privados cobran más del erario público cuantos más pacientes atienden. Los públicos, no. La Jiménez Díaz ha pasado de ingresar seis millones por esta partida en 2010 a 148 en 2016.
La Consejería de Sanidad, los partidos de la oposición y los sindicatos coinciden en señalar un denominador común para explicar el trasvase de pacientes de la sanidad pública a la privada. “Es el menor plazo de espera para las citas u otras razones”, dice un portavoz gubernamental. La discrepancia que les enfrenta es otra: por qué se atiende antes a un paciente en la sanidad de gestión privada que en la pública.
“La Consejería de Sanidad se encarga de hacerles el trabajo sucio [a los hospitales privados], que consiste en colapsar y deteriorar la sanidad pública hasta el punto de fomentar que pierda cientos de miles de pacientes al año que se derivan a la privada, para que facturen más con mayor gasto para las arcas públicas”, opina Mónica García, diputada de Más Madrid. “Si se tratara de dos empresas, se podría decir que una está absorbiendo a la otra, con el agravante de que la absorbida es nuestra sanidad pública, la que garantiza la equidad, la igualdad y la cohesión social”.
“El sistema está diseñado para favorecer que los hospitales de gestión privada tengan más actividad, y que con esa actividad generen más recursos que a su vez generen más actividad”, le sigue José Manuel Freire, diputado del PSOE. “Se favorece claramente a aquellos centros que tienen la agilidad de abrir huecos de consultas, que les dan más pacientes,