La justicia empieza a infligir los primeros varapalos a las entidades de crédito salpicadas por el caso iDental, la supuesta macroestafa urdida por los dueños de esta red de clínicas odontológicas, que cerró sus puertas en 2018 sin previo aviso y dejó sin tratamiento a miles de pacientes. Un juzgado de Valladolid acaba de condenar a pagar 5.000 euros a una de estas financieras, EVO, para que el paciente afectado pueda completar el tratamiento defectuoso que recibió. Esta resolución se conoce apenas dos semanas después de que el magistrado José de la Mata, que instruye la investigación en la Audiencia Nacional, se reuniese con el Ministerio de Sanidad para intensificar las medidas contra los acreedores que acosan a los afectados para que abonen sus deudas.
«Estamos muy satisfechos con la sentencia porque se ha admitido uno de nuestros principales argumentos: que las financieras deben cumplir con el contrato. Los afectados de iDental han pagado un tratamiento y la financiera debe abonar el importe para acabar el mismo, aunque, como es el caso, sea superior al importe financiado», subraya Afecade, la plataforma de afectados por negligencias médicas que impulsó este caso. Según reconoce la resolución del juzgado, fechada el pasado 31 de octubre y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, una vez que se ha acreditado el «defectuoso cumplimiento» del tratamiento odontológico y ha resultado insatisfactoria la reclamación previa contra iDental, la ley faculta al consumidor para «ejercitar frente al prestamista los mismos derechos que tiene frente al proveedor».
Esta sentencia abre la puerta a la esperanza para muchos afectados, que han denunciado reiteradamente cómo la red de clínicas los dejó tirados con tratamientos a medias. De hecho, un grupo de pacientes se concentró el pasado julio ante el Ministerio para reclamar que les ayudaran a completarlos. «El Gobierno nos dice que está utilizando los presupuestos que ha heredado del PP y que, por tanto, no puede hacer nada hasta que se forme un nuevo Ejecutivo estable», afirmó entonces Benito Lupiañez, que preside la asociación de afectados de Sevilla.