La Generalitat insiste en que el hospital de campaña que levantó la Guardia Civil en Sant Andreu de la Barca (Barcelona), en colaboración con el consistorio de la localidad, no es necesario para hacer frente a la pandemia del coronavirus. «De momento está descartado» su uso, ha afirmado esta mañana la consejera catalana de Salud, Alba Vergés. El caso del hospital de Sant Andreu ha levantado una agria polémica en Cataluña, tras la denuncia de un anónimo contra la propia consejera y contra el presidente de la Generalitat por un presunto delito de homicidio por imprudencia grave.
El caso está bajo investigación judicial. El juzgado trata de averiguar si la Generalitat ha rechazado de forma injustificada un espacio habilitado para acoger pacientes, lo que podría haber tenido consecuencias en la salud de las personas. Según el denunciante, el Govern no ha querido utilizar el pabellón de campaña habilitado en el polideportivo municipal de Sant Andreu porque lo instalaron la UME y la Guardia Civil. La denuncia llegó a un juzgado de Martorell, que abrió diligencias, pero en la medida en que Torra y Vergès son aforados, quien tiene que hacerse cargo de la causa es el TSJC. Fuentes del alto tribunal catalán han señalado esta mañana que la sala Civil y Penal del TSJC ha registrado ya la exposición razonada de la jueza titular del juzgado número 5 de Martorell. El siguiente paso es el pronunciamento de la sala de admisiones, aclaran desde el TSJC, por lo que el caso está registrado y repartido pero aún no ha sido admitido a trámite. La denuncia se presentó el miércoles 8 de abril, y el jueves 9 el juzgado de Martorell se inhibió en favor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ya que ambos demandados son aforados, si bien la instructora puede investigar hasta que se adopte una decisión.
Por ello, la magistrada de Martorell, en las diligencies abiertas,