En pleno inicio de la desescalada, el Ministerio de Sanidad estudia hacer extensible el uso obligatorio de mascarillas a toda la población cuando se frecuenten espacios públicos y todo tipo de comercios para evitar que los esperados rebrotes de la enfermedad se acaben descontrolando. Una medida que, hasta ahora, solo era una recomendación cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad interpersonal (e imprescindible para viajar en transporte público).
Aunque las mascarillas se han convertido en un objeto de uso diario para la población española y es cada vez menos frecuente ver a viandantes sin ella, el Ejecutivo está alarmado por las imágenes que dejó el inicio de la fase 1 de la desescalada en algunos municipios, sobre todo de clientes que frecuentaban terrazas sin contemplar las medidas mínimas de seguridad (como la separación de un metro y medio entre personas). Por ello, en la última reunión con la intersectorial de Sanidad, el pasado lunes, el ministro del ramo, Salvador Illa, preguntó a los consejeros de las comunidades autónomas su opinión sobre esta medida, y si pasar de la simple recomendación a la imposición.
Algunas regiones no ven necesario que se llegue a estos extremos, sin embargo otras, como la Comunidad de Madrid o Euskadi, ven con buenos ojos aumentar las restricciones en los espacios cerrados o, incluso, proponen que se tome la temperatura aleatoriamente a los viandantes.
Una medida que, en marzo y a principios de abril, solo se recomendaba por parte del Gobierno a los profesionales sanitarios o personas que tuvieran contacto con enfermos o síntomas de estarlo. Más adelante, se amplió a ciudadanos con patologías previas o pertenecientes a los colectivos de riesgo. Entonces había un desabastecimiento total de este producto en farmacias y las distintas administraciones debían recurrir al mercado internacional para conseguirlas. Las autoridades sanitarias llegaron a decir que eran «innecesarias» para el resto de la población porque creaban una sensaión de falsa seguridad.