“Los indicios recabados son poderosos y provienen de la propia documentación obtenida de los organismos oficiales y, por si esto fuera poco, del hecho cierto de que la población está padeciendo una situación insoportable” de hedores a los que “en ningún caso debería estar expuesta”. La Plataforma de Afectados polo Vertedoiro de Santiago-Miramontes ha informado hoy de que la fiscalía ha trasladado al juzgado “sendas querellas contra las empresas gestoras del vertedero y la planta de elaboración de tecnosuelos ubicados en la vieja cantera de Miramontes, Sertego Servicios Medioambientais, SL y Tecnosolos Galaicos, SL”. La decisión del fiscal de Medio Ambiente deriva de una investigación abierta a consecuencia de las denuncias presentadas por esta plataforma vecinal, el Ayuntamiento y Ferusa (Federación de Asociacións Veciñais do Rural de Santiago).

En el caso del vertedero, tal y como informa la plataforma de afectados, que representa a personas que en algunos casos viven a 400 metros del complejo, la fiscalía considera que la mala gestión puede suponer un posible delito medioambiental. Para demostrarlo enumera una serie de incumplimientos recogidos en las actas de inspección realizadas por la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático de la Xunta. “En la actualidad está depositada en el vertedero mucha más materia orgánica que la permitida por su proyecto constructivo, lo que origina problemas como los olores procedentes de los gases y compromete la seguridad” del recinto, recuerdan en un comunicado los vecinos que llevan más de un año denunciando la situación sin lograr que las autoridades impidan el tráfico de camiones que llegan con desperdicios a la planta.

Según explica la plataforma, en palabras del fiscal “se estarían incumpliendo todas las prevenciones y autorizaciones y, por tanto, generando un peligro para el medio”. “Los indicios recabados para llegar a esta conclusión son poderosos y provienen de la propia documentación obtenida de los organismos oficiales y, por si esto fuera poco, del hecho cierto de que la población está padeciendo una situación insoportable” de hedores a los que “en ningún caso debería estar expuesta, correspondiendo a las administraciones públicas protectoras del medio ambiente garantizar que su calidad de vida no se vea disminuida por una actividad industrial y lucrativa como es la gestión de un vertedero”.

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