España vuelve a afrontar con retraso una nueva etapa en la lucha contra la Covid-19. Si la tardanza en la llegada de material de protección disparó el número de sanitarios contagiados y la falta de test frenó la posibilidad de aislar a los infectados, el problema ahora es la carencia de rastreadores de coronavirus, un grupo de profesionales que tiene la misión de identificar a las personas que han estado en contacto con los enfermos, romper así con la cadena de positivos y evitar rebrotes. Su trabajo es decisivo para que las provincias puedan pasar de una fase a otra de la desescalada.
El director de Emergencias, Fernando Simón, cree que es básico saber «dónde están los pacientes», pero no existe un plan nacional para contratar y formar a los rastredores que deben averiguarlo y son las comunidades autónomas las que ahora, y tímidamente, se han puesto a la tarea. Aunque, como ha ocurrido en otras ocasiones durante esta crisis sanitaria, se perciben diferencias entre ellas y el Gobierno central. Simón dijo que deben ser las autonomías las que se ocupen de organizar este servicio, pero muchas de ellas se encuentran a la espera de que el Ministerio de Sanidad les proporcione alguna directriz.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya ha avisado de que los rastreadores son indispensables. El 16 de marzo, en la misma rueda de prensa en la que pidió «test, test, test», el director general de la OMS, Tedros Adhanom, habló de la necesidad de los rastreadores: «Si descubren un caso positivo, aíslenlo y encuentren a quienes han estado en contacto estrecho con él hasta dos días antes de que desarrollaran síntomas, y háganles test también a ellos».
Muchos países ya se han movido. Reino Unido planea fichar en el corto plazo a 18.000; Alemania, a más de 16.000; y Bélgica, a 2.000. Siguiendo estas proporciones,