En el debate parlamentario rondan tres proyectos de eutanasia, uno de cuidados paliativos y unas enmiendas que quieren transformar una propuesta de eutanasia en otra de cuidados paliativos. La forma de llegar al final de la vida de las personas con enfermedad terminal o con grave discapacidad se encuentra en el punto de mira legal y social, a raíz de casos trágicos como el de Inmaculada Echevarría, que exigió por la vía legal la desconexión del respirador artificial que la mantenía viva; José Antonio Arrabal, paciente con ELA que se filmó mientras ingería un fármaco letal, o Ramón Sampedro, parapléjico cuya historia adaptó al cine Alejandro Amenábar. Pero encararlo por parte de las fuerzas políticas ha resultado esquivo.
Los legisladores intentaron abordar la cuestión 16 veces entre 1994 y 2016, sin llegar a concluir ninguna normativa. Pero la muerte digna ocupa el tiempo del hemiciclo otra vez desde que en enero de 2017 Podemos expuso «regular el derecho a solicitar ayuda médica para poner fin a la vida en determinadas circunstancias». Esas condiciones eran, básicamente, haber cumplido 18 años, padecer una enfermedad en fase terminal o con sufrimientos físicos o psíquicos intolerables. La petición debía ser voluntaria, consciente y repetida, y la eutanasia sería considerada muerte natural a los efectos legales.
Año y medio más tarde, Ciudadanos ya había solicitado la tramitación de la Ley de Derechos y Garantías al Final de la Vida, dirigida a garantizar los cuidados paliativos -existentes en algunas comunidades- en todo el territorio; el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había determinado que la despenalización de la eutanasia debía acompañarse de un régimen legal regulatorio, y el Parlamento de Cataluña pidió en el Congreso la despenalización de la eutanasia y la ayuda al suicidio.
En el debate, realizado este año, sostuvo un «cambio sustancial en la percepción social de la eutanasia» y propuso la modificación del Código Penal. En abierto desacuerdo se mostró la Unión del Pueblo Navarro.