La realidad le ha quitado la razón a Isabel Díaz Ayuso. No es que la contaminación atmosférica no mate, como sostiene la presidenta madrileña, sino que tiene unos efectos letales dramáticos y medibles. La inhalación de los tóxicos que lanza al aire la combustión de carbón, petróleo y gas mata cada día a 67 españoles, 24.591 fallecidos por efecto de estos venenos cada año, según el informe recién publicado por Greenpeace y el Centro de Investigación en Energía y Aire Limpio (CREA, por sus siglas en inglés), que agrupa a expertos internacionales independientes.
La investigación, dada a conocer hoy, trata de determinar las dos caras de una misma moneda. Por un lado, calcula los graves problemas de salud que provoca en la población mundial el dióxido de nitrógeno (NO2), el ozono y las micropartículas finas (PM2,5) que lanzan a la atmósfera los carburantes fósiles de los distintos medios de transporte, las centrales térmicas, las calefacciones y algunas industrias. Y, por el otro, cuantifica las pérdidas económicas millonarias para estados y familias derivadas de las dolencias provocadas o agravadas por la contaminación, entre las que destacan el asma, la enfermedad obstructiva crónica, el cáncer de pulmón, los infartos e ictus, o patologías neurodegenerativas como el Parkinson o el Alzheimer. Unos daños que sobre todo se ceban con los más vulnerables a estos tóxicos, como son los niños y ancianos y los pacientes con patologías crónicas.
El análisis señala que los venenos procedentes de la combustión fósil matan cada año en el mundo a 4,5 millones de personas -400.000 solo en la UE- y ocasionan unos 2,7 billones de euros de pérdidas, el equivalente al 3,3% del PIB global, por el incremento de los gastos sanitarios, por los millones de días perdidos en bajas médicas y por la caída de productividad e ingresos que causan las muertes prematuras. En el caso de España, el coste económico de las enfermedades desencadenadas por la contaminación es de unos 21.679 millones de euros anuales,