La muerte asistida de María José Carrasco seguirá en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Madrid. Así lo ha decidido la Audiencia Provincial este jueves, que tenía que dirimir el conflicto que había entre dos juzgados: el de instrucción y el de violencia sobre la mujer. El de Instrucción, que se hizo cargo del caso en un primer momento, lo entregó al de violencia machista, desde donde fue devuelto a su origen. La Audiencia considera ahora que en este momento no se puede determinar aún «fehacientemente si se trata de un acto de violencia contra una mujer«. En la extensa resolución de 16 páginas que ha emitido, los magistrados explican que faltan pruebas por analizar.
El 3 de abril, Ángel Hernández ayudó a morir a su mujer, María José Carrasco, enferma terminal de esclerosis múltiple. Una semana después, el día 10, la titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, que se ocupaba del caso, se inhibió en favor de un juzgado de violencia contra la mujer. La magistrada entendía que cualquier acto violento hacia una mujer por parte de su pareja o expareja debe ser considerado violencia machista, según la doctrina reciente del Tribunal Supremo —en una sentencia que dictó que ya no hace falta probar la intención machista para que una agresión sea violencia de género—.
Aquello desató las críticas entre la judicatura y en el Gobierno. De un lado, la fiscal delegada de Violencia de Género, Pilar Martín Nájera, dijo que ni compartían «la decisión ni los argumentos». Afirmó que se había hecho “una valoración sesgada” de las sentencias del Supremo y que un caso, para ser juzgado como violencia machista, debía tener un contexto «de discriminación y dominación del varón”. Sigue opinando lo mismo, aunque recuerda que esta decisión es «para investigar».
En el ámbito político la decisión también fue cuestionada. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, la tachó de «más que cuestionable»; Fernando Grande-Marlaska,