En Estados Unidos en 1970 se alertó sobre el aumento de la enfermedad mental entre los reclusos en prisiones. Y en la pasada década, estudios europeos ratificaron la alerta. El incremento fue relacionado con el descenso de camas psiquiátricas que se venía observando, atribuible en parte a las reformas psiquiátricas iniciadas en la segunda mitad del siglo XX. Las reformas proponían el despliegue de servicios y programas en la comunidad, al tiempo que se iban cerrando las instituciones manicomiales. En parte se atendía a que la atención comunitaria es más eficiente que la hospitalaria desde un enfoque financiero.
Sin embargo en muchos países, incluida España, no se ha hecho el necesario esfuerzo socioeconómico en el desarrollo comunitario, con lo que personas con enfermedades mentales de larga evolución terminan excluidos del sistema de atención sociosanitaria y expuestos a verse involucrados en delitos que les conducen a centros penitenciarios. Una minoría de ellos son considerados no imputables por los tribunales, por lo que no se les puede condenar y son internados en hospitales psiquiátricos penitenciarios.
La democracia española heredó de la dictadura algunas sinrazones que no quiso o no supo cómo cambiar en la Transición, ni tampoco después. Una de ellas es la singularidad española mediante la que el sistema penitenciario depende del Ministerio del Interior. En las democracias avanzadas de nuestro entorno, y también en las latinas que siguen el modelo europeo, los cuerpos policiales son el brazo ejecutor de los ministerios del interior, mientras que los sistemas penitenciarios son parte del brazo ejecutor del Poder Judicial, en justa aplicación del principio de separación de poderes. Su uso político frente al terrorismo podría haber justificado la singularidad española; pero ya va siendo hora de corregir ese error en la arquitectura del Estado.
Decía un preso en una cárcel andaluza: “cuando cerraron los manicomios las cárceles se llenaron de locos” (lo contaba el diario.es hace un año). El preso había sido declarado no imputable por su enfermedad mental, pero una Audiencia Provincial, ante la ausencia de hospitales psiquiátricos convencionales, dispuso como medida de seguridad su internamiento en un pabellón para personas con enfermedad mental de una cárcel.