Gritos, pintadas en las paredes —“Asesinas, asesinos”, “aquí matan niños”, “aquí mueren mujeres”— o insultos. El acoso a las mujeres a las puertas de las clínicas donde se practican abortos y a los profesionales que trabajan en ellas no es nuevo y, en los últimos dos años, ha ido recrudeciéndose. Lo denuncian las 62 organizaciones feministas, sindicales y civiles que se han agrupado en la Plataforma Pro-Derechos, presentada este martes, para denunciar ese hostigamiento y pedir que se cree un nuevo tipo penal para actuar contra “los grupos antiderechos y antielección” que lo llevan a cabo. Calculan que alrededor de 8.000 mujeres han sufrido estas «coacciones» desde que entró en vigor la ley de plazos del aborto, en 2010. Se producen un centenar de veces al año, «siendo conservadores en las cifras»; y alertan de «su intensificación».
Amparados en la libertad de reunión y manifestación y expresión, indicaba Sonia Lamas, de Enclave Feminista, «los antiabortistas se ponen frente a los IVE (centros donde se practica la interrupción voluntaria del embarazo), difunden información falsa, tratan de impedir el acceso poniéndose en medio, insultan y coaccionan». Cristina Colón, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, también parte de la Plataforma, explica que hay “hostigamiento por proximidad, física y verbal”. Además, “se vulnera el derecho a la libertad de las mujeres, tanto a adoptar la decisión como a mantenerla, a la intimidad sobre su imagen y sus actos, y también el derecho a la igualdad y la no discriminación y constituye un delito de injurias cuando se producen los insultos y de coacciones, ya tipificadas penalmente”.
Colom asegura que el tipo existente ahora por el que se podría regular, el de coacciones, es insuficiente y se archivan continuamente las denuncias. “Además, no podemos depender de que la mujer sea parte de un proceso penal cuando se produce el hecho delictivo. Y queremos una solución para todas las víctimas. Por eso la petición es una iniciativa legislativa, que se pueda actuar de oficio. Que no haya impunidad”,