El Hospital Ramón y Cajal, el cuarto más grande de la región por número de camas, ha gastado casi nueve millones de euros en los últimos cinco años en intereses y costas judiciales por pagar tarde a los proveedores, según un informe de la Intervención General al que ha tenido acceso EL PAÍS. Oposición y sindicatos acusan a la Consejería de Sanidad de no presupuestar suficientemente los hospitales públicos. “Esta es una práctica generalizada de la Comunidad”, dice el diputado socialista José Manuel Freire. Una portavoz del hospital reconoce que la cifra se debe “al diferencial del presupuesto inicial del centro respecto al gasto real”.
El informe, elaborado por la Consejería de Economía del Gobierno regional, señala que “el sistema consistente en situar un presupuesto inicial inferior al gasto presupuestario y al gasto real del ejercicio anterior” genera “un importante volumen de modificaciones”. A pesar de aumentar dichas partidas, no alcanzan para realizar las adquisiciones necesarias. “Entonces se financian las compras demorando el pago a los proveedores hasta que se tenga crédito, lo que no es gratuito, ya que ha supuesto en los últimos cinco años un gasto en intereses de demora y costas judiciales de 8,83 millones de euros, según datos del propio hospital”, añade el documento. La cuantía está en torno a dos millones al año; el año pasado fue de 2,5 millones.
El organismo fiscalizador recuerda que “el presupuesto legalmente aprobado para el centro debe destinarse exclusivamente a financiar gastos del ejercicio para el que se habilita, por lo que la imputación a 2018 de gastos realizados en 2017 y ejercicios anteriores supone un incumplimiento legal”. Así, en el capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios “el presupuesto inicial de 126,7 millones es muy inferior al importe de las obligaciones reconocidas del ejercicio anterior, que asciende a 192,4 millones, y el gasto real en 2017 asciende a 192,9 millones. Es decir, el crédito inicialmente habilitado resulta claramente insuficiente”. Además, “a pesar de las importantes modificaciones que llevan el crédito hasta los 188,2 millones, el gasto real ha ascendido a 197,9 millones.