La primera bronca política en el traspaso de poderes de la Junta de Andalucía tras la llegada del PP se ha producido este viernes. La nueva viceconsejera de Salud, Catalina García, ha pedido a la directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Francisca Antón Molina, que “con urgencia” paralice los nombramientos de los últimos días antes de ser relevada. Es decir, la número dos de la Consejería de Salud, departamento con el mayor presupuesto en la Junta con 9.809 millones, ha exigido a la número tres —nombrada por el Gobierno socialista— que interrumpa sus nombramientos por no estar esos cargos en las previsiones del nuevo Ejecutivo popular.
La nueva dirección de la Consejería de Salud ha protestado porque la directora gerente del SAS, nombrada en junio de 2017, ha publicado más de 60 nuevos nombramientos en el Boletín Oficial de la Junta, unas resoluciones que se han llevado a cabo a pesar de las “instrucciones claras” para que no lo hiciera. Esto es, la exportavoz de Sanidad del PP en el Parlamento andaluz acusa a la alto cargo socialista de insubordinación al incumplir las directrices del nuevo Gobierno. “Es una falta de lealtad institucional”, han definido fuentes de la consejería, que han resaltado nombramientos como la directora de Salud del distrito de atención primaria de Condado Campiña o la subdirectora de Enfermería del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga.
El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha advertido que revisarán todos los nombramientos y revertirán todos los que no estén ajustados a derecho por suponer “un menoscabo para los fondos públicos”. Hasta ahora, Moreno ha alabado el traspaso de poderes en Andalucía, con “dos fases”. “La primera fue deficitaria al saberse que habría un nuevo Gobierno y la segunda, con una actitud correcta a la hora de informar”, ha dicho.
La pregunta es si estos últimos nombramientos respetan de manera escrupulosa la ley en su procedimiento administrativo, si estaban ya previstos o se han acelerado con el cambio de Gobierno,