La ministra portavoz, Isabel Celaá, este viernes tras el Consejo de Ministros. En vídeo, el Gobierno rechaza las críticas de oportunismo. EP | ATLAS
La detención de Ángel Hernández —ya en libertad sin medidas cautelares— por ayudar a morir a su mujer, María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple desde hacía 30 años, ha reabierto el debate sobre la eutanasia y lo ha metido de lleno en la campaña electoral. Desde el Gobierno defienden su compromiso con el derecho a una muerte digna y se comprometen a llevar al Congreso y aprobar “cuanto antes” su despenalización. “Lo que ocurrió ayer fue extremadamente doloroso”, ha resumido la ministra portavoz, Isabel Celaá, en la conferencia de prensa después del Consejo de Ministros.
Tal y como había recordado el líder del PSOE, Pedro Sánchez, la ministra de Educación ha incidido en que el PSOE presentó una proposición de ley para regularizar la eutanasia en 2018 y que su tramitación se había ido retrasando “hasta 19 veces por la ampliación reiterada de plazos”. Por ello, Celaá ha considerado que las acusaciones de la oposición por un supuesto uso electoralista del debate de la eutanasia “no son de recibo”.
La portavoz del Gobierno ha asegurado que hay una enorme demanda social para regular la eutanasia que, según varias encuestas, cuenta con un 80% de apoyo. “Es muy lamentable que la persona que tuvo que ayudar al final tristísimo de su esposa en vivo y en directo se haya visto en esta situación”, ha dicho la ministra sobre la detención de Hernández.
Desde el PP, sin embargo, consideran oportunista que, a raíz del suicidio asistido de Carrasco, se alimente el debate desde el Gobierno. La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, se ha defendido de las críticas del PSOE y Podemos al PP y a Ciudadanos por haber bloqueado la tramitación de la ley en la mesa del Congreso, en la que tienen mayoría. Tres iniciativas para regular o despenalizar la muerte voluntaria llegaron al Congreso en la pasada legislatura.