El coronavirus COVID-19 -bautizado así este lunes por la Organización Mundial de la Salud- se ha cobrado ya la vida de más de mil personas y mantiene a China paralizada dos meses después de que se identificase el primer caso en la ciudad de Wuhan. El país ha recortado sus conexiones aéreas con el mundo en nada menos que 1,4 millones de plazas desde el pasado 20 de enero, mientras que las restricciones al movimiento de las personas provocan que muchas empresas no puedan reanudar su actividad aunque lo deseen y el miedo a salir de casa ha hecho que el consumo se desplome. Malas noticias para el Partido Comunista de China, cuya legitimidad se basa en lograr el continuo incremento del bienestar de la población.
El propio presidente, Xi Jinping, está preocupado por las consecuencias económicas que puede acarrear la epidemia. Por eso, según reveló la agencia Reuters citando fuentes anónimas, el mandatario pidió la semana pasada a la cúpula del poder político chino que relaje las draconianas medidas impuestas para prevenir la propagación del coronavirus y permitir así el arranque de la actividad. De forma adicional, muchas ciudades, incluidas las grandes metrópolis Pekín y Shanghái, han anunciado ayudas a las empresas afectadas, sobre todo con exenciones de impuestos, e incluso se está contemplando que algunos negocios estén exentos de pagar el alquiler durante estos meses.
Pero a pesar de las directrices de Xi, las medidas de control continuaron incrementándose este lunes. En Wuhan, y en otras ciudades de la provincia de Hubei, epicentro de la infección, las autoridades prohibieron incluso la salida a la calle de una persona por familia, como se hacía hasta ahora para permitir que la gente en cuarentena se abasteciese, y por el contrario ordenaron que sean los propios supermercados los que lleven puerta por puerta lo que necesitan los vecinos.
En casos extremos como el último que reveló el denominado ‘Diario del Pueblo’,