La ley de eutanasia llega esta tarde por tercera vez al Congreso de los Diputados. El pleno aceptará previsiblemente tramitar la proposición de ley del PSOE, un texto que ya fue tomado en consideración en la Cámara baja en dos ocasiones anteriores. Su tramitación decayó en ambos casos por la convocatoria de elecciones, primero en abril de 2019 y después en noviembre de ese mismo año. Pero esta vez, sin elecciones ni fines abruptos de legislatura en el horizonte, quienes apoyan la nueva norma comparten la ilusión de que “esta vez sí” se reconozca a los españoles el derecho a una muerte digna.

Solo el PP y Vox, que suman 140 de los 350 diputados del Congreso, se han posicionado en contra de la nueva norma. Por ello, el PSOE confía en aprobar la ley este año pese a la dura confrontación ideológica que aguarda en la derecha. Mientras los socialistas defienden que se trata de un derecho de las personas a “poner fin al sufrimiento con libertad y autonomía, preservar su integridad y su dignidad y no obligarles a vivir en malas condiciones”, la formación de Pablo Casado se refiere a la eutanasia como una “ley de suicidio asistido del Gobierno”. “Defendemos la vida, pero no la obligación de vivir cuando erosiona la integridad física o moral, a juicio de la persona que sufre”, zanjan fuentes socialistas, que esgrimen el respaldo social a la iniciativa. Según el CIS más del 70% de los españoles estarían a favor de la regulación. Un respaldo mayoritario incluso entre los católicos (60%).

Tras aprobarse su toma en consideración por el pleno, el texto será remitido a la Comisión de Sanidad, donde los partidos pactarán el articulado de la norma. Posteriormente, esta será remitida al Senado antes de su aprobación final. La tramitación parte de la proposición de ley impulsada por el PSOE, que es casi un calco —se ha precisado alguna definición y hecho retoques menores en algún artículo— de la que ya recibió el apoyo mayoritario del pleno en junio de 2018 y en septiembre de 2019.

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