La Comunidad de Madrid oculta la identidad de las residencias de mayores multadas en los últimos cinco años con 167 expedientes, algunas por graves sanciones como no tener autorización, no prestar adecuada alimentación o higiene o no disponer el personal de la titulación adecuada. ¿El motivo? No dañar “el buen nombre comercial de la empresa o su prestigio, afectando a su proyección pública”.
La seguridad de los mayores en las residencias de Madrid preocupa desde que en abril la cadena Ser publicó un vídeo de maltratos en un centro de la capital, pero la Comunidad se ha negado repetidamente desde entonces a facilitar la identidad de empresas sancionadas.
En una solicitud de acceso a la información, la consejería de Políticas Sociales y Familia negó a este periódico el derecho a conocer la identidad de las empresas sancionadas en los últimos cinco años, como había solicitado este periódico siguiendo el procedimiento de la Ley de Transparencia. [Consulte aquí la resolución de la Comunidad]. A juicio de la Comunidad de Madrid, la reputación de las empresas es un valor que impide la publicación de las infracciones a pesar de que esta es una demanda de los usuarios y de parte del sector que pone el ejemplo de otros países. En su respuesta notificada ayer a este diario, la Comunidad aporta una lista de 167 empresas sancionadas en el último lustro sin revelar su nombre. La cuantía de las sanciones asciende a tres millones de euros, según la resolución que EL PAÍS recurrirá ante el Consejo de Transparencia.
Los defensores de la transparencia creen que la salud pública y los derechos de los consumidores deben prevalecer. También aducen que la opacidad perjudica al buen funcionamiento del sector porque muchas empresas se quejan de arbitrariedad en las inspecciones. Las sanciones son publicadas en otros países avanzados pero en España, donde la cultura de la transparencia es más reciente, solo se han conocido en casos puntuales la identidad de los sancionados en casos de salud pública.
Los resultados de las inspecciones de sanidad en bares y restaurantes de Barcelona fueron publicados por primera vez en 2016 gracias a una petición de información mediante la Ley de Transparencia de Cataluña hecha por este diario.