Las pruebas realizadas a 511 personas con graves malformaciones atribuidas a la talidomida, un fármaco prescrito en los años 50 y 60 como inocuo tranquilizante y usado también para las náuseas de las gestantes, han revelado que cuatro de cada cinco deformaciones tienen causas ajenas al medicamento. Así lo sostienen las primeras conclusiones del Comité Científico-Técnico creado por el Ministerio de Sanidad, que señalan que apenas 103 de las 511 personas analizadas presentan malformaciones “compatibles” con la talidomida, mientras aún quedan 73 estudios por completar.

Estos datos han sido recibidos con sorpresa y amargura por los afectados, que tras décadas de peticiones de ayuda desatendidas —también en los tribunales— ven ahora como la mayoría se quedará sin indemnización. La asociación que los representa (Avite) hizo público ayer un comunicado que con el título “las matemáticas no engañan” cuestiona los datos de Sanidad. “Alemania tiene 82 millones de habitantes y ha reconocido a casi 3.000 víctimas. Inglaterra tiene 56 millones y acepta 458 afectados. No es creíble que España, con más de 46 millones de habitantes y donde la talidomida se recetó durante más tiempo, solo pueda tener a un centenar”, resume uno de sus miembros, Rafael Basterrechea.

Avite considera que las “razones económicas” explican estos datos. “Los Presupuestos generales de 2019 consignaron 20 millones de euros para las víctimas y quieren cerrar todo el proceso con esta cantidad”, añade Basterrechea. Según la asociación, Sanidad planteó en 2017 indemnizar con “12.000 euros cada punto porcentual de discapacidad”. La mayoría de los asociados a la entidad tiene reconocida una discapacidad de entre el 60 y el 70%.

El origen de las pruebas está en el acuerdo alcanzado hace dos años entre Sanidad y Avite para abrir un proceso que indemnizara a los afectados que quedaron desatendidos en un primer reconocimiento, que solo benefició a 24 personas, realizado por el Gobierno en 2010. Los afectados recibieron entonces entre 30.000 y 100.000 euros, según el grado de discapacidad sufrido.

El Comité Científico-Técnico, formado por genetistas y otros especialistas y que ha contado con el apoyo de figuras de referencia mundial,

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