En busca de una desescalada rápida y segura, países afectados por el coronavirus han comenzado a expedir entre la población ‘certificados de inmunidad’. Estos documentos, que en la práctica se materializan en aplicaciones de móvil o pulseras con códigos de barras, pretenden confirmar que una persona ya ha pasado la enfermedad y está inmunizada, de manera que puede reincorporarse a la vida normal. Pero la medida, que en España querían impulsar Cataluña y Castilla y León, requeriría la realización masiva de pruebas y cuenta, además, con las objeciones éticas de los expertos, que piensan que podría alumbrar la existencia de una ciudadanía de primera y otra de segunda.
Los países que antes sufrieron la pandemia y que, por tanto, antes han iniciado la vuelta a la normalidad son los primeros que han implantado los certificados de inmunidad. Corea del Sur es el mejor ejemplo, con un dispositivo similar a un pasaporte sanitario. En los primeros días de la crisis, puso en marcha una aplicación de móvil que ofrecía al usuario que sufría síntomas la posibilidad de hacerse un test. Si daba positivo, empezaba la cuarentena en casa y la aplicación servía para controlar si la cumplí, mediante un sistema de geolocalización o controlando el uso de las tarjetas de crédito. Si se la saltaba, recibía una multa. Y cuando el ciudadano necesitaba hacer un viaje de urgencia, pedía un permiso que recibía en el teléfono a través de un código QR.
Los códigos QR son también el sistema que ha implantado la provincia china de Hubei, epicentro de la pandemia. El Gobierno regional envió a todos los residentes un código con un color: el rojo, para los casos confirmados, sospechosos o asintomáticos; quienes habían contactado con estas personas recibían el amarillo; y quienes estaban sanos y no habían contactado con enfermos o sospechosos, el verde, que les permitía viajar con libertad.
La posibilidad de moverse con seguridad es el argumento que esgrimen países europeos como Alemania o Reino Unido,